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La energía que consumimos tiene un coste (es decir, lo que cuesta generarla, que además dependerá de la tecnología que se use para producirla) y un precio (el del mercado eléctrico, que depende del día, la hora y las diferencias entre la energía disponible y el consumo (oferta-demanda).

 

El sistema de retribución de la energía y los precios se fijan en función de las decisiones de los gobiernos y de la legislación vigente en cada país; y estas decisiones repercuten a su vez en el fomento o limitación del desarrollo de las energías renovables.

 

Normalmente, las energías renovables tienen un coste de generación un poco más alto que la convencional, debido principalmente a que hasta ahora, el coste de fabricación de las tecnologías (aerogeneradores, paneles fotovoltaicos, etc.) era bastante alto.  Debido a este sobrecoste de las renovables, los gobiernos de algunos países las apoyan pagándoles un precio fijo (mediante primas variables o tarifas reguladas) que garantizan un precio independientemente del de mercado. Estas “primas” permiten que las energías renovables sean más competitivas y se fomente la inversión en este sector tan importante.

 

Por el contrario, en territorios insulares o aislados el coste de generación de la energía convencional es mucho mayor que el de las renovables, debido a los altos costes derivados de la importación y el transporte de los combustibles fósiles, así como la necesidad de mantener una mayor capacidad de generación eléctrica para asegurar el suministro de forma estable. Por este motivo, el Estado abona la diferencia entre el coste de generación de la convencional y el precio del mercado.

 

En resumen, en zonas con sistemas eléctricos aislados, la producción eléctrica con renovables supone un menor coste para el Estado cuando la venta de la energía se realiza a precio de mercado, pero ello también implica una menor retribución al promotor energético.  Sin embargo, cuando el Estado paga un precio fijo (prima) por la venta de energía renovable, independiente del de mercado, el promotor energético recibe una mayor retribución,  pero el coste para el Estado también es mayor.